COLOMBIA 2025: BALANCE DE UNA PAZ QUE AVANZA ENTRE LUCES Y SOMBRAS PROFUNDAS
A nueve años de la firma del Acuerdo Final, el país enfrenta contrastes que exigen una mirada sin complacencias.
Cuando en 2016 se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto con las FARC, Colombia abrió una puerta que muchos creyeron definitiva hacia la paz. Nueve años después, el balance de 2025 revela una realidad mucho más compleja: hay avances institucionales irreversibles, pero también heridas profundas que siguen abiertas y actores armados que, lejos de debilitarse, se han fortalecido y expandido.
Este es un recorrido por las luces y sombras que marcaron el año.
LO QUE AVANZÓ: PASOS FIRMES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
La JEP consolida su legado
El 2025 será recordado como el año en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó sus primeras sanciones restaurativas contra máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Estas decisiones, que combinan justicia con medidas reparadoras, consolidan a la JEP como un pilar irreversible de la justicia transicional colombiana.
Lejos de ser un tribunal de papel, la JEP demostró que es posible juzgar a quienes cometieron las peores atrocidades del conflicto sin renunciar a la construcción de verdad y reparación. Organismos internacionales han destacado estos fallos como un modelo para otros procesos de paz en el mundo.
Excombatientes que apuestan por la legalidad
Más de 13.000 firmantes de paz se encuentran hoy desarrollando proyectos productivos en distintas regiones del país. Iniciativas que van desde el turismo de naturaleza en el Caquetá hasta la producción de cacao en el Meta y el café en Antioquia demuestran que la reinserción es posible cuando hay acompañamiento.
Sin embargo, el camino no ha sido fácil. La falta de acceso a tierra, las dificultades para acceder a créditos y la estigmatización persistente siguen siendo obstáculos que limitan el verdadero potencial de estos proyectos. Quienes apostaron por la paz enfrentan a diario la prueba de que el Estado aún les debe oportunidades reales.
Inversión histórica en reparación a víctimas
La Unidad para las Víctimas reportó en 2025 la inversión más alta en indemnizaciones durante este gobierno: más de $5,73 billones de pesos destinados a más de 2 millones de víctimas del conflicto. Se trata de un esfuerzo financiero sin precedentes que, aunque necesario, también evidencia la magnitud de la deuda histórica del Estado con quienes más sufrieron la guerra.
LO QUE PREOCUPA: LAS HERIDAS QUE NO TERMINAN DE CERRAR
La Reforma Rural Integral: a 400 años de cumplirse
Uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz era la redistribución de 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra y comunidades vulnerables. Nueve años después, solo se ha cumplido el 9% de esa meta. A este ritmo, tomando como referencia los estudios más recientes, Colombia necesitaría 400 años para alcanzar lo pactado.
La tierra sigue siendo, como al inicio del conflicto, una causa profunda de desigualdad y violencia. Mientras el acceso a la propiedad rural no se democratice, la paz en los territorios seguirá siendo una quimera.
Firmantes asesinados: una cifra que duele
Desde 2016, 481 excombatientes han sido asesinados. Solo en 2025, 34 firmantes de paz fueron asesinados. Detrás de cada número hay un nombre, una familia, un proyecto de vida truncado. Quienes dejaron las armas para construir legalidad se han convertido en objetivo militar de grupos armados que ven en ellos una amenaza o una pieza más en sus disputas territoriales.
La tragedia humanitaria del Catatumbo
Enero de 2025 será recordado como uno de los meses más oscuros para el Catatumbo. La escalada de violencia entre el ELN y disidencias de las FARC provocó el desplazamiento forzado de más de 52.000 personas en cuestión de días. Entre ellas, 153 firmantes de paz que debieron huir dejando atrás sus proyectos productivos y sus hogares.
La crisis evidenció, una vez más, la fragilidad de la presencia estatal en regiones donde los grupos armados ejercen control territorial absoluto.
EL MAPA DE LOS GRUPOS ARMADOS EN 2025
Lejos de debilitarse, las estructuras armadas ilegales experimentaron un crecimiento preocupante durante el año. Según los más recientes informes de la Defensoría del Pueblo y centros de pensamiento especializados:
Clan del Golfo: el gigante del crimen organizado
El Clan del Golfo se consolidó como la estructura armada más numerosa del país, con más de 8.900 miembros y presencia en 392 municipios. Su control sobre corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, sumado a alianzas con élites locales, lo convierten en un actor con capacidad de veto en vastas regiones.
ELN: paros armados y expansión territorial
El Ejército de Liberación Nacional mantiene unos 6.450 combatientes distribuidos en 232 municipios. Durante 2025 realizó cuatro paros armados, afectando la movilidad y la economía de miles de personas. El paro de diciembre dejó 51 acciones terroristas, entre ellas un atentado con moto bomba en Santander y el asesinato de un conductor de ambulancia en Norte de Santander, un crimen que conmocionó al país por su crueldad.
Disidencias de las FARC: fragmentación y violencia
Las disidencias de las FARC, divididas en al menos tres bloques principales, mantienen influencia sobre 299 municipios y cuentan con cerca de 6.700 combatientes.
El Estado Mayor Central (EMC), liderado por Iván Mordisco, tomó distancia de la mesa de diálogos con el gobierno y optó por una vía armada. En agosto, un ataque con drones contra la fuerza pública en Amalfi, Antioquia, dejó 13 policías muertos, evidenciando la capacidad tecnológica y ofensiva de este grupo.
Por su parte, el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandado por Calarcá, se mantuvo en negociación, aunque en medio de controversias por presunta infiltración de organismos de inteligencia en sus filas.
CONCLUSIÓN: LA PAZ INSTITUCIONAL AVANZA, LA PAZ TERRITORIAL SE FRACTURA
Lo que revela el balance de 2025 es una Colombia partida en dos. Por un lado, la paz institucional consolida sus pilares: la JEP avanza, las víctimas reciben reparaciones sin precedentes, miles de excombatientes intentan construir legalidad. Por otro lado, la paz territorial se desangra: líderes asesinados, comunidades desplazadas, grupos armados fortalecidos y una Reforma Rural Integral que avanza a paso de tortuga.
La verdadera transformación no ocurrirá sin voluntad política para garantizar seguridad a quienes lideran procesos comunitarios, sin una apuesta decidida por la redistribución de la tierra y sin una estrategia integral que aborde las causas estructurales del conflicto.
Mientras tanto, en los territorios, las comunidades siguen tejiendo paz con los hilos que tienen a su alcance. A veces con reconocimiento, casi siempre en soledad. La paz que Colombia necesita no es la que se firma en los escritorios de Bogotá, sino la que se construye día a día en las veredas, los barrios y los resguardos.
En Mundo Hispano por la Paz continuaremos documentando, acompañando y visibilizando los esfuerzos de quienes, desde las raíces, sostienen la esperanza de un país distinto.
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